Advertisement

La tormenta perfecta, cuando ser formal cuesta demasiado y rinde muy poco

Por: David Quitano Díaz 

Tiene un par de meses que no escribía, ésta concebida columna de opinión, sin embargo, ahora escribiendo un nuevo libro, que me implicó revisar algunas fuentes y datos, mismo que me resultaron poco más que preocupantes. 

Los economistas tendemos a celebrar la creación de empleo como un triunfo estadístico, pero la letra pequeña de nuestra economía cuenta una historia mucho más precaria. 

Hoy, en México, cerca del 99% de los empleos generados en periodos recientes pertenecen a la economía informal, y 55 de cada 100 trabajadores laboran sin red de seguridad. Como economista y apasionado de las Finanzas Públicas, veo a diario cómo esta realidad no es solo un problema laboral, sino el síntoma de una falla sistémica que está asfixiando al Estado y castigando a los ciudadanos. 

El vaso comunicante entre la informalidad, la precariedad de los servicios públicos y la carga fiscal es, en realidad, un círculo vicioso perfectamente engrasado.

El Estado mexicano tiene un problema matemático severo. La economía informal aporta el 25.4% del Producto Interno Bruto (PIB), pero opera completamente fuera del radar tributario directo. Esto deja un boquete de 1.42 billones de pesos en recaudación no captada y reduce el peso del Impuesto sobre la Renta (ISR) al 52.2% de los ingresos tributarios en 2026. 

Ante la falta de recursos, la respuesta histórica de los gobiernos ha sido el camino de menor resistencia, que el de exprimir a los contribuyentes cautivos. Al subir los impuestos a la poca base formal existente, se crea una carga fiscal concentrada que actúa como un repelente letal para la formalización de pequeños negocios y empresas en crecimiento.

Sin embargo, culpar de la informalidad únicamente a la evasión es un error analítico. Como advierte el Banco Mundial (BM) en su informe Racionalizar la informalidad, la decisión de operar fuera de la formalidad es a menudo un cálculo económico completamente racional por parte de los trabajadores y microempresarios.

Existe un enorme impuesto implícito a la formalidad, la brecha entre lo que cuesta financiar las prestaciones obligatorias de ley y el bajo valor real que los trabajadores perciben de ellas. Si a un trabajador formal el Estado le retiene una parte importante de su salario para financiar un sistema de salud colapsado o una pensión incierta, el incentivo para mantenerse formal desaparece.

Por el contrario, los trabajadores valoran profundamente las prestaciones de la informalidad, como la flexibilidad de horarios y la independencia, llegando a tasarlas con una disposición a pagar altísima frente a sus ingresos. 

Esta huida hacia la informalidad termina reventando los servicios públicos. Con más de la mitad de la fuerza laboral sin aportar cuotas obrero-patronales, el sistema sanitario se fragmenta y se desfinancia. El resultado es trágico pero predecible, 44.5 millones de personas se encuentran hoy sin acceso efectivo a servicios de salud. 

El Estado, con un presupuesto raquítico, por lógica elemental, no puede mantener la infraestructura ni garantizar el abasto de medicamentos. Ante el desamparo de las instituciones públicas, las familias tienen que recurrir a la medicina privada, disparando el gasto de bolsillo en salud en un 73% durante la última década y empujando a millones hacia gastos médicos catastróficos.

Romper este ciclo exige dejar de penalizar a la formalidad. No podemos seguir apostando por un modelo que encarece la creación de empleos formales para financiar servicios deficientes. 

La solución estructural pasa por desvincular el acceso a la salud y a la protección social del estatus laboral, financiándolos progresivamente a través de impuestos generales. Solo aliviando la carga sobre el sector productivo cautivo y ofreciendo servicios públicos que realmente devuelvan valor a los ciudadanos, lograremos que la formalidad deje de ser vista como un castigo financiero y vuelva a ser el motor del desarrollo.

Sin embargo, lo más importante es que estos debates ni siquiera figuran en la agenda pública nacional. Cuando llegan a aparecer, es solo para atacar sin proponer, o para defender con adjetivos y sin datos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *