• Jorge Álvarez Máynez acusa presunta persecución política contra gobiernos municipales de su partido.
• La solicitud se presenta horas antes de que el Congreso vote el desafuero de dos ediles de Movimiento Ciudadano.
XALAPA, VER.- A unas horas de que el Congreso de Veracruz analice el desafuero de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano (MC) solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la implementación de medidas de protección para los gobiernos municipales emanados de ese partido en la entidad.
A través de un video difundido en redes sociales, el dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que existe una presunta persecución política contra autoridades municipales de su partido y advirtió que no permitirán «intromisiones arbitrarias ni judicialización selectiva» de sus gobiernos.
«Acudimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para exigir medidas de protección a nuestros gobiernos en Veracruz y para decirle al Gobierno del Estado que no vamos a aceptar intromisiones arbitrarias ni judicialización selectiva contra los gobiernos de Movimiento Ciudadano», expresó.
El dirigente también señaló que su partido impugnará lo que considera acciones dirigidas en contra de alcaldes emanados de Movimiento Ciudadano y reiteró que los procesos legales deben desarrollarse con apego a derecho, sin motivaciones políticas.
La solicitud fue presentada en un contexto en el que la Comisión Instructora del Congreso del Estado determinó que existen elementos para iniciar el procedimiento de declaración de procedencia contra los alcaldes Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste, y Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, ambos militantes de MC.
De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Raúl González Martínez es investigado por su presunta participación en el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, mientras que Bertín Bravo Montero enfrenta una investigación por su presunta relación con la desaparición forzada del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López, ocurrida el pasado 14 de mayo.
Se prevé que en las próximas horas el Pleno del Congreso local determine si retira o no el fuero constitucional a ambos presidentes municipales para que enfrenten los procesos judiciales correspondientes.
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