Punto de Vista
* Caso Botas: viciado de origen
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Con absoluta impunidad, a plena luz del día y sin preocuparse de alguna reacción de las autoridades, integrantes del crimen organizado dejaron en claro que son ellos los que mandan en Tuxpan. *** Con diferencia de unas cuantas horas, comandos armados atacaron dos sucursales de la cadena de carnicerías “El Jarocho”, ambas ubicadas en el municipio de Tuxpan. *** La mañana del pasado sábado un comando disparó contra la sucursal que se ubica en el cruce de las avenidas Garizurieta y Mutualismo. En ese atentado resultaron seis personas heridas, entre ellas el encargado del establecimiento y el operador de un camión repartidor que realizaba maniobras de descarga al momento de la agresión. *** La noche del domingo, en la avenida Garizurieta, entre las calles Pípila y 5 de Febrero, en una sucursal que estaba próxima a iniciar operaciones, fue detonado un explosivo que daños en el inmueble. *** El móvil de estos ataques es muy evidente: se llama “cobro de piso”, algo que, según el gobierno estatal, “ha disminuido”. No es cierto. Las bandas criminales actúan sin freno alguno, debido en gran medida a la colusión de los cuerpos policiacos.
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A partir de la llegada de Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre a la Fiscalía General del Estado (FGE) se ha notado un cambio radical en el desempeño de su personal. Quizá no haya gran mérito y esa notoria diferencia sea producto de la ineficacia -con buena dosis de corrupción- que imperó durante la gestión de Verónica Hernández al frente de ese organismo.
La nueva fiscal general, con una larga trayectoria en la materia (viene de ser magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia) enfrenta, sin embargo, una muy seria encrucijada: el juicio contra Marlon Botas Fuentes, acusado de ser el responsable de la muerte de Montserrat Bendimes, ocurrida en abril del 2021.
Al revisar el expediente de este caso, la fiscal general se encontró con graves errores por partes de las fiscales especializadas que llevaron el caso.
Los vicios en la integración de la carpeta de investigación han motivado que se inicien procedimientos contra quienes estuvieron a cargo de este proceso en sus inicios: Guadalupe González Carrillo (quien estuvo involucrada, además, en un caso contra un empresario al que pretendieron imputarle el delito de pederastia, pero se descubrió que falsificaron pruebas y testigos; fue cambiada de adscripción, a Papantla, pero poco después renunció) y Wendi Guadalupe Bautista Domínguez (fiscal sexta especializada, quien sigue en Veracruz y tiene relación con el juicio contra Marlon Botas).
También se revisa la actuación de Roberta Ayala Luna, quien fungía como fiscal coordinadora en investigación de delitos de violencia contra la familia, mujeres y niños y en la actualidad sigue en la Fiscalía. Y Francisca Acosta Pérez, quien dirigió la investigación por la muerte de Montserrat y en la actualidad está adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum).
Frente a errores tan graves en la integración del expediente (como no mencionar en la cronología de los hechos la muerte de la víctima, o presentar como prueba un parte médico en el que se establece que Montserrat llegó al hospital en estado de coma y más adelante presentar un testimonio en el que se asegura que alcanzó a señalar a Marlon Botas como el responsable) los fiscales que ahora llevan el caso están tomando decisiones desesperadas.
En principio, la fiscalía envió a uno de sus testigos (la doctora que emitió el parte médico) a declarar que ella no firmó ese documento, por lo que estaría reconociendo que se presentó una prueba falsificada. Y no sólo eso: ha corrido la versión de que pretenden, una vez más, presionar a la defensa actuando contra los padres de Marlon Botas, cuando ese caso ya fue desechado por el juez.
Es ahí donde la fiscal general debe vigilar que el personal a su cargo actúe con estricto apego a derecho. Tienen un caso sólido que podría caerse si incurren en faltas al debido proceso.
La familia de Montserrat y organismos de la sociedad civil reclaman justicia y corresponde al personal de la FGE actuar con eficacia y pulcritud, para este juicio llegue a buen término.
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Epílogo.
Una vez más, a pesar de la “defensa” de la gobernadora Rocío Nahle a Petróleos Mexicanos (Pemex) la contaminación por hidrocarburo obligó a suspender el suministro de agua en Poza Rica. *** En días recientes se volvió a reportar la aparición de manchas de petróleo en el río Cazones, lo que obligó a la suspensión del suministro de agua potable. La oficina operadora de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) informó que se determinó detener el bombeo desde la Bocatoma del Sistema Poza Rica y admitieron que no tienen certeza sobre la magnitud del derrame, aunque saben que personal de Pemex ya realiza labores de inspección en la comunidad de Corralillos para localizar el origen de la fuga. *** Y a propósito de Poza Rica, el cabildo finalmente acató la “recomendación” de la gobernadora y se aprobó un “plan de austeridad” que contempla la reducción de salarios de ediles y funcionarios. *** Y para que vean que “la austeridad va en serio” se anunció la venta (es de suponer que con el aval del Congreso) de “bienes de lujo”, como un vehículo de alta gama que utilizaba Fernando Remes durante su gestión como alcalde. *** Y en Xalapa, productores de leche denunciaron que les negaron acceso a los centros de acopio de Liconsa. Como medida de protesta, los ganaderos derramaron su producto (la leche) en la avenida Xalapa, pues aseguran que se desperdician miles de litros, ya que les cierran los espacios para su venta. *** ¿Y el apoyo a la producción agropecuaria?
